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Relevamiento de Poderes Judiciales del país
Advierten que es deficitaria la implementación de la Ley Micaela en la Justicia, La Rioja entre las provincias con más retraso

Escrito el 15 de agosto del 2022 - 01:30
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 La Fundación Micaela García, junto a organizaciones y redes feministas, presentó un informe del monitoreo sobre el grado de cumplimento a nivel federal de la formación en género y diversidad en los poderes judiciales de todo el país, establecida por la Ley Nacional N° 27.499 que lleva el nombre de la joven de 21 años asesinada en 2017 en Entre Ríos. Sólo siete jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma al pedido de información por parte de la ONG, el 46 por ciento lo hizo de forma parcial e incompleta, entre ellas La Rioja. Asimismo, la Provincia figura como la jurisdicción que más tardó en la implementación de las capacitaciones: 24 meses, seguida por San Luis, Catamarca y Córdoba (21, 13 y 10 meses respectivamente). La informe subraya que hoy, a más de tres años y medio de su promulgación, el cumplimiento de la Ley es "deficitario", ya que "viene siendo un proceso lento, incompleto y desactualizado".
El relevamiento y monitoreo sobre la aplicación de Ley Micaela en los Poderes Judiciales de Argentina fue realizado, avalado y difundido a fines de la semana pasada por la Fundación Micaela García, el Proyecto Generar (Centro de estudios y usina para el desarrollo con igualdad), la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), Abogadxs por los Derechos Sexuales (ABOSEX), la red regional feminista Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM-Argentina), y la Guardia Feminista de Abogadas de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD-Argentina).

En noviembre de 2021, con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estas organizaciones efectuaron pedidos de información pública para determinar el grado de cumplimiento de la capacitación obligatoria en género en los Poderes Judiciales de las 23 jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), según lo establece la Ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019, y sus adhesiones.

"Con esta solicitud no sólo indagamos sobre cómo los Poderes Judiciales locales aplican la Ley Micaela, sino que también insistimos con la rendición de cuentas y transparencia de todas las jurisdicciones como ejercicio de una práctica democrática y de participación ciudadana", indicaron las organizaciones involucradas.

Transparencia

El grado de transparencia fue establecido por la respuesta al pedido de información pública realizado en 2021. Sólo siete de las 24 jurisdicciones, un 29 por ciento, respondieron en tiempo y forma. Fueron Catamarca, Chaco, Chubut, CABA, Misiones, Santa Cruz, y Tierra Del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

Las provincias de Buenos Aires y Rio Negro respondieron denegando la solicitud. Otro 17 por ciento directamente no respondió, guardando silencio luego de vencido el plazo: Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan; en tanto el 46 por ciento de las jurisdicciones restantes respondió de manera parcial e incompleta. Entre ellas figura la provincia de La Rioja.
"El Poder Judicial debe ser transparente: se necesitan mecanismos de participación ciudadana que insten a la rendición de cuentas y transparencia que nos acerque a un sistema de justicia de puertas abiertas a la sociedad", exigieron las organizaciones responsables del monitoreo.

Retraso en la implementación

Por otra parte, respecto a la oportunidad de implementación de la Ley Micaela, el informe sostiene que el cumplimiento en el Poder Judicial argentino es "deficitario". En este sentido, remarcó que "hay un retraso de más de seis meses en el inicio de las capacitaciones en La Rioja (24 meses), San Luis (21 meses), Catamarca (13 meses), Córdoba (10 meses) y Mendoza (9 meses).

"Un cuarto del país cuenta con al menos una cohorte o edición de la capacitación finalizada a diciembre de 2021: Santiago del Estero (21), Santa Cruz (15), Mendoza (13), Formosa ( 8 ), Catamarca (7), y San Luis (1)".
"Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires no registran cohortes capacitadas: comenzaron los primeros cursos, pero –hasta diciembre de 2021– ninguna cohorte terminó la capacitación completa", detalla el informe.

Las agrupaciones manifestaron en forma articulada y conjunta que "la falta de formación en género se traduce en sentencias misóginas y/o basadas en prejuicios y estereotipos que vulneran derechos de mujeres, lesbianas, travestis, personas trans, gays, bisexuales, no binaries y niñeces. La Ley Micaela es una herramienta clave para la formación en género y diversidad del sistema de Justicia".

Personal capacitado

El relevamiento basado en el pedido de información permitió establecer también el porcentaje del personal judicial capacitado en el país. Se desprende así que sólo cinco provincias cuentan con más del 50 por ciento de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%).

Los contenidos que se imparten tienen un importante grado de desactualización. "Un tercio de las jurisdicciones adoptó el programa de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, de las cuales 75 por ciento continúa usando el programa del 2016 y el 25 por ciento actualizó en 2021 sus contenidos certificados por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación", indica el estudio. En este caso no se especificaron las jurisdicciones correspondientes.

Desde la Fundación Micaela García expresaron que a través de este trabajo dado a conocer recientemente "revalorizamos las alianzas feministas y populares que abran la posibilidad de la transformación del sistema judicial patriarcal".

Luego de la presentación del informe algunas jurisdicciones salieron a hacer aclaraciones sobre su situación, como la Oficina de Género de la Corte de Justicia de Salta, que precisó que en el marco de la aplicación de la Ley Micaela se capacitó, al 2 de agosto de 2022, al 63,38 por ciento de las y los integrantes del Poder Judicial de esa provincia. Y que sí se respondió la consulta.

Desde CLADEM replicaron que la respuesta sobre el proceso de capacitación, en los términos establecidos por la ley nacional 27.499 o la ley provincial correspondiente; el número de capacitaciones iniciadas desde la adhesión a la ley; la cantidad de asistentes; y si las realizaron en la Corte de Justicia o en tribunales inferiores y en qué fueros, en caso de Salta fue tardía.

La lucha constante

Micaela García fue asesinada en 2017 a los 21 años en Gualeguay (Entre Ríos), a la salida de un boliche, luego de ser secuestrada y violada por Sebastián Wagner. El victimario tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.

De la lucha por justicia surgió un proyecto, posteriormente sancionado y promulgado como Ley 27.499, Ley Micaela, que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se avanzó en la federalización y las provincias fueron adhiriendo a esta normativa. La Rioja fue una de las nueve primeras.

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